LPI o como al gobierno le importa un rábano los derechos de los ciudanos.

He visto ya en muchos sitios la nueva estrategia del gobierno de pasar de la realidad social y de lo que dicen los jueces. En especial me ha gustado la entrada de Enrique Dans al respecto que transmite bastante bien lo que pesamos muchos respecto a la insistencia del gobierno con la realidad sobre las descargas en Internet.

Con su permiso voy a volver a escribir aquí algunas de sus conclusiones.

1. Al gobierno le traen sin cuidado las libertades más básicas de sus ciudadanos. Cuestiones como el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a una comunicación libre, la protección de los datos personales o el derecho a la información de todos los españoles le resultan completamente secundarias cuando se trata de defender los derechos de propiedad intelectual de unos pocos interesados. Claro está, todo hay que decirlo, los ciudadanos no entonamos himnos de apoyo con el dedo puesto sobre la ceja en plena campaña electoral. A lo meor si en las próximas elecciones lo hacemos, conseguimos un gobierno dispuesto a defender nuestros intereses, y no solo los de unos pocos.

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3. Los derechos de propiedad intelectual se encuentran en fase de intensa redefinición, algo que hasta las mismas discográficas empiezan a entender repensando su modelo de negocio. Sin embargo, esto al gobierno le trae completamente al fresco: prefiere defender hasta la muerte el negocio de la venta de copias, confundir interesadamente dicha defensa con la defensa de la cultura, y criminalizar indebidamente a un muy importante porcentaje de la población.

4. Que los jueces insistan en considerar perfectamente lícita la descarga para usos no lucrativos o que los ministros de cultura europeos rechacen el método de los tres avisos es algo que al gobierno ni le inmuta. Prefiere escuchar la voz de los lobbies de la propiedad intelectual de nuestro país y actuar servilmente a su dictado. ¿Cómo se puede seriamente discutir la implantación del sistema de tres avisos para penalizar algo que los jueces insisten que no es delito en nuestro país?

Lo de reciclarse o morir no funciona para la SGAE ni para la habilidad de Alejandro Sanz de meterse cosas por la nariz. Sobre todo no puedo creerme aun que el propio gobierno de España haya sacado una campaña de publicidad en contra de la “piratería” pagada con dinero público. Que dice exactamente lo contrario de lo que dicen los jueces. Sólo por asustar al personal y hacerle creer que está haciendo algo ilegal cuando no es así. Si algun día llegara a producirse la entrada del modelo de tres avisos sería un día en el que como afirma Enrique en el punto 1, dejarían de cumplirse derechos básicos recogidos en la constitución como la inviolabilidad del domicilio o la privacidad de las comunicaciones. Algo increíble en un país que presume ser un estado de derecho.